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"En todos los ordenamientos jur�dicos contempor�neos en el marco del Estado de derecho, en mayor o menor grado, las actividades que los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y econ�mica garantizada en la Constituci�n, con frecuencia est� sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de inter�s general, someti�ndolas, entre otros requisitos, la obtenci�n previa por aquellos, de alguna autorizaci�n, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la Administraci�n del Estado. La iniciativa para obtenerlos est� a cargo del administrado interesado, y para garantizar su resoluci�n, incluso en las Constituciones se consagra el derecho de petici�n de todas las personas ante las autoridades administrativas y la consecuente obligaci�n de las mismas de responder de manera ""oportuna y adecuada."" Sin embargo, con frecuencia, la Administraci�n no siempre decide las peticiones que se le formulan, teniendo que enfrentarse los peticionarios con una situaci�n de inactividad, de silencio o de omisi�n por parte de la Administraci�n, quedando el ejercicio de sus actividades, que tienen derecho a realizar, en suspenso. Para remediar esta situaci�n, y como garant�a de los derechos de los administrados, los ordenamientos jur�dicos han establecido la presunci�n de considerar como decidida las peticiones una vez que el plazo establecido para la respuesta oportuna ha vencido, garantiz�ndosele as� el derecho al interesado de poder defenderse ejerciendo un recurso administrativo o contencioso administrativo contra el acto administrativo t�cito derivado del silencio negativo. Ese beneficio, en todo caso, solo se establece a favor del administrado y no de la Administraci�n, la cual por el transcurso del plazo no deja de estar obligada a decidir. En otros casos, para proteger los derechos de los particulares, los ordenamientos jur�dicos le han atribuido efectos positivos al silencio de la Administraci�n, consider�ndose que con el transcurso de lapso dispuesto para que la Administraci�n decida, sin que la misma se haya pronunciado, se considera que la petici�n formulada ha sido otorgada.Por otra parte, para garantizar los derechos de los particulares, los ordenamientos jur�dicos tambi�n han venido delineando remedios judiciales, habi�ndose configurado, en el elenco de los procesos contencioso administrativos, el proceso contra la abstenci�n o negativa de la Administraci�n a decidir lo que se le peticiona, otorg�ndosele amplios poderes al juez contencioso administrativo para amparar al peticionante y ordenar a la Administraci�n a decidir, pudiendo incluso el Juez sustituirse a la Administraci�n y otorgar lo solicitado. Este libro del profesor Allan R. Brewer-Car�as, recoge, precisamente, algunos estudios sobre este tema de los remedios ante la inacci�n o silencio de la Administraci�n, en sus dos vertientes, de los efectos positivos o negativos asignados en las leyes al silencio administrativo, y del remedio judicial frente a la abstenci�n de la Administraci�n que, en su momento, a�os atr�s, fueron redactados con motivo de la participaci�n en Congresos y Jornadas jur�dicas, siempre reelaborando el tema en aproximaciones sucesivas, y que fueron publicados dispersamente en Revistas y Obras colectivas."

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9789563924886

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