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Esta ruta de armonización jurídica, permitirá que los municipios puedan diseñar, cobrar y sostener instrumentos de captura de valor del suelo, con el menor riesgo posible de impugnación constitucional. Los municipios enfrentan demanda creciente de inversión; el presupuesto estatal no alcanza, y una salida es habilitar jurídicamente política pública para implementar instrumentos de valorización del suelo y financiamiento urbano. No son: un impuesto por plusvalía; un impuesto a la propiedad; una carga obligatoria; una medida de mitigación que busque desincentivar la inversión privada; una medida de desvalorización del territorio; no responde a un modelo de redistribución de la riqueza al ser un derecho y no un impuesto; no es un instrumento que se implemente de manera general y con las mismas condiciones para todo el territorio municipal. Sí son: instrumentos para mitigar los costos de impactos urbanos generados por incrementos en el aprovechamiento del uso urbano.

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9798197118967

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